By Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para homologar el delito de feminicidio y establecer penas de hasta 70 años de prisión.
Ciudad de México, a Miércoles 15 de julio del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de establecer un marco jurídico uniforme en todo el país que permita homologar las sanciones, los protocolos de investigación y las acciones de atención y reparación para las víctimas. El proyecto será enviado al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión.
La propuesta contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes sean responsables de este delito, además de incorporar 19 agravantes que permitirán incrementar la sanción en casos específicos, como cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor o mujer embarazada. Asimismo, establece mecanismos para fortalecer la actuación de las fiscalías y garantizar investigaciones con perspectiva de género.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que la iniciativa responde al compromiso asumido por su administración para fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y combatir las distintas formas de violencia.
“Como primera mujer presidenta asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia. Para ello, lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres”, expresó.
La titular del Ejecutivo agregó que el delito representa la forma más grave de violencia contra las mujeres y subrayó la necesidad de fortalecer las herramientas jurídicas para garantizar el acceso a la justicia.
“El peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación, de trato indigno contra la mujer, es la muerte, es el feminicidio”, afirmó.
La presidenta reconoció que, aunque se ha registrado una disminución en los homicidios, persisten casos que no han sido sancionados y señaló que aún existen investigaciones en las que la muerte violenta de una mujer es clasificada inicialmente como suicidio, lo que retrasa o dificulta el acceso a la justicia.
De acuerdo con la propuesta, todas las fiscalías deberán aplicar criterios homologados para la investigación de estos casos y evitar que existan diferencias en la integración de carpetas de investigación entre las entidades federativas.
Como antecedente, el pasado 6 de mayo fue reformado el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión a emitir una ley general en materia del delito de feminicidio, lo que permitirá establecer criterios uniformes en todo el territorio nacional.
La iniciativa incorpora nuevas medidas de protección y reparación
El proyecto establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, para lo cual incorpora diez supuestos que permiten acreditar dichas circunstancias, entre ellos la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder o hechos motivados por estereotipos y prejuicios.
Además de la pena privativa de la libertad, la iniciativa contempla la pérdida de derechos sucesorios, la suspensión de la patria potestad o tutela y, en caso de que la persona responsable sea servidora pública, su destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo. También propone que este delito sea imprescriptible.
Durante la presentación, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, informó que las investigaciones deberán realizarse con perspectiva de género, mediante protocolos especializados y considerando antecedentes de violencia, aun cuando no existan denuncias previas. Asimismo, el Ministerio Público iniciará de oficio las investigaciones correspondientes y podrá solicitar productos de inteligencia para fortalecer las indagatorias.
Por otra parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, explicó que la iniciativa incorpora medidas para garantizar el acceso a la verdad, atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica gratuita y especializada, así como atención integral para niñas, niños y adolescentes que queden en situación de orfandad.
Finalmente, el proyecto también prevé la creación de una comisión especial y un programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, además del establecimiento de un registro nacional de menores en condición de orfandad por este delito y mecanismos de protección para mujeres sobrevivientes. La iniciativa será remitida al Congreso de la Unión para iniciar el proceso legislativo correspondiente.
