By La FGR aseguró más de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito en Guanajuato, en el mayor decomiso reportado durante el actual sexenio.
San José Iturbide, Gto., a viernes 18 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con autoridades de seguridad de Guanajuato, aseguró más de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide.
La intervención derivó de una investigación iniciada en julio y se realizó mediante una orden de cateo autorizada por un juez federal.
De acuerdo con la Fiscalía, el combustible no tenía acreditado su origen y se encontraba distribuido en 33 millones 504 mil 067 litros de gasolina regular, 7 millones 266 mil 813 litros de gasolina premium y 18 millones 265 mil 989 litros de diésel; también fueron asegurados siete vehículos de transporte, 10 contenedores cilíndricos y documentación contable.
FGR inició investigación tras detectar posible ‘huachicol’
La investigación comenzó el 3 de julio, cuando fue detenida una persona que presuntamente descargaba diésel de una pipa de 33 mil litros en una gasolinera de San Luis de la Paz, sin acreditar la trazabilidad del combustible.
Posteriormente, las autoridades realizaron diligencias en una gasolinera de ese municipio, en un establecimiento de despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente en el inmueble localizado en San José Iturbide.
La FGR informó que las acciones estuvieron sustentadas en labores de inteligencia y seguimiento de la distribución de hidrocarburos.
Guanajuato reporta operativo conjunto por el aseguramiento
El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, señaló que por la magnitud del hallazgo se realizan trabajos especializados de medición, identificación y manejo del combustible.
“No se trata sólo del volumen localizado; investigar posibles operaciones irregulares con combustibles permite reducir riesgos de incendios, explosiones y derrames”, expuso.
Finalmente, la autoridad estatal precisó que corresponde a la FGR y a las instancias judiciales determinar el origen, propiedad y legalidad del hidrocarburo, así como las responsabilidades que deriven de la investigación.
