By El Órgano de Administración Judicial modificó el esquema de evaluación del personal del Poder Judicial de la Federación para excluir consecuencias disciplinarias y garantizar la continuidad de los servicios jurisdiccionales.
Ciudad de México., a martes 10 de noviembre de 2026.- El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó la abrogación del acuerdo que regulaba el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, con lo que quedaron eliminadas las disposiciones que podían interpretarse como mecanismos de sanción o separación del cargo.
La determinación fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrará en vigor a partir del miércoles 11 de noviembre, en cumplimiento de los compromisos establecidos con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del Poder Judicial.
OAJ establece nuevos criterios para evaluar al personal judicial
La resolución deriva de los acuerdos alcanzados el sábado 7 de noviembre, durante una reunión en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que participaron el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y representantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial.
Posteriormente, durante una sesión extraordinaria realizada el lunes, se concretaron las modificaciones al esquema de evaluación.
El OAJ estableció que estos procedimientos tendrán como finalidad fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia. Asimismo, se determinó eliminar las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares y ajustar los porcentajes de los criterios que pudieran incorporar elementos de subjetividad.
Continúan cerrados al menos 50 órganos jurisdiccionales
Por otra parte, el organismo informó que, pese al compromiso de las dirigencias sindicales de mantener las actividades ordinarias, continuaban cerradas las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales.
De acuerdo con el OAJ, esta situación repercute en el derecho de acceso a la justicia de la sociedad mexicana.
Finalmente, el Pleno reiteró que la abrogación del acuerdo responde al mandato constitucional de garantizar una impartición de justicia pronta y expedita, así como a la necesidad de asegurar la continuidad de los servicios y la atención adecuada a la ciudadanía.
