By La familia Urquiza Fernández, de Huimilpan, denunció un presunto despojo inmobiliario de 269 hectáreas y señaló al exgobernador Francisco Domínguez; el caso fue turnado a Presidencia.
Querétaro, Qro., a martes 11 de agosto de 2026.- Integrantes de la familia Urquiza Fernández denunciaron un presunto esquema de despojo inmobiliario relacionado con dos predios que, en conjunto, abarcan 269 hectáreas en Huimilpan, Querétaro, y señalaron al exgobernador Francisco Domínguez Servién como uno de los responsables que, según su versión, estarían detrás del conflicto.
El caso fue presentado ante la Presidencia de la República mediante el folio SACP20260211000003968, luego de que autoridades judiciales federales emitieran resoluciones favorables a integrantes de la familia.
Durante una conferencia de prensa, Pamela Urquiza y el abogado Rodrigo Madero expusieron que el conflicto involucra dos ranchos y derechos de agua, y acusaron que el control de los predios habría sido buscado mediante contratos de fideicomiso con cláusulas que consideran abusivas.
De acuerdo con la denuncia, la operación estaría relacionada con MFJ Campestre, S.A. de C.V., empresa que, según los afectados, habría establecido mecanismos para obtener el control de los terrenos y una participación de hasta 80 por ciento de las utilidades generadas por los predios.
Los denunciantes calificaron la estructura como un “Cártel Inmobiliario” y sostuvieron que existiría participación de particulares y funcionarios estatales. Estos señalamientos forman parte de la denuncia presentada por la familia y no implican, por sí mismos, una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas señaladas.
Asimismo, acusaron a la Fiscalía General del Estado de Querétaro de utilizar investigaciones penales para presionar a los integrantes de la familia durante los litigios civiles. Entre los procedimientos mencionados se encuentra la carpeta QRO/30535/2023, además de diversos cateos efectuados entre finales de 2025 y principios de 2026.
Resoluciones federales y procesos pendientes
Por otra parte, los afectados señalaron que existen resoluciones de la justicia federal relacionadas con el conflicto. De acuerdo con su exposición, un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Pamela y Julián Urquiza y dejó sin efectos una vinculación a proceso, al considerar válida la donación de los terrenos en cuestión.
También permanecen en trámite diversos juicios de amparo relacionados con los cateos y el juicio civil 1809/2023, mediante el cual se solicita determinar la situación jurídica de la donación de los predios.
La familia solicitó la intervención de autoridades federales y el seguimiento del expediente turnado a la Presidencia de la República. Asimismo, pidió que se respeten las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación y que concluyan las acciones que considera actos de hostigamiento.
Los denunciantes también hicieron señalamientos contra el actual gobierno estatal por la relación política que, según su versión, mantiene con la administración anterior. Estas acusaciones deberán ser contrastadas con las posiciones de las autoridades y con las determinaciones que emitan las instancias judiciales competentes.
Finalmente, el conflicto permanece sujeto a procedimientos civiles, penales y de amparo, por lo que su evolución dependerá de las resoluciones pendientes y de las investigaciones correspondientes.
