By Grabaciones realizadas por Hernández Casillas a principios de 2026 documentan presuntos conflictos, amenazas y diferencias con Guadalupe Taddei por asuntos relacionados con contrataciones electorales.
Ciudad de México, a viernes 6 de noviembre de 2026.- Una serie de grabaciones realizadas por el empresario Alfredo Hernández Casillas durante los primeros meses de 2026 documentaría presuntos conflictos con Guadalupe Taddei, entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), relacionados con contratos otorgados a empresas vinculadas con el contratista y diferencias sobre decisiones administrativas dentro del organismo.
El material, registrado por el propio empresario como un mecanismo de protección personal, muestra reuniones en las que se habrían presentado amenazas, advertencias y reproches entre ambas partes, en un contexto de deterioro de su relación de negocios.
Grabaciones exponen presuntos vínculos con funcionarios y proveedores
De acuerdo con la información difundida, Hernández Casillas estaba relacionado con Cajas Graf y otras empresas que obtuvieron contratos millonarios durante la gestión de Taddei tanto en el INE como en el organismo electoral de Sonora.
Las grabaciones describirían la presunta influencia del empresario en la estructura administrativa del instituto, mediante funcionarios cercanos que habrían ocupado posiciones estratégicas para intervenir en la asignación de contratos y establecer comunicación con proveedores.
Según los señalamientos contenidos en el material, estos funcionarios habrían rendido cuentas directamente al contratista y contado con el respaldo de la entonces presidenta del organismo electoral.
Hernández Casillas habría advertido sobre información confidencial
Durante los encuentros registrados, el empresario cuestionó decisiones de Taddei y habría utilizado información sobre asuntos internos como mecanismo de presión contra sus antiguos socios.
En una de las conversaciones hizo referencia a un tema relacionado con la Secretaría de Gobernación, del que afirmó que “nadie sabe nada”.
El material también indica que las grabaciones fueron realizadas como un “seguro de vida”, con la intención de conservar información que pudiera utilizarse para afectar a sus antiguos socios en caso de una ruptura.
Los registros sitúan los desacuerdos a principios de 2026 y exponen posibles relaciones entre proveedores y funcionarios del organismo electoral. No obstante, la información proporcionada no especifica si las conversaciones derivaron en denuncias formales, investigaciones ministeriales o procedimientos administrativos adicionales.
La difusión de estos materiales incorpora nuevos elementos a los señalamientos sobre las contrataciones realizadas durante la administración de Taddei, particularmente respecto de la participación de proveedores y funcionarios en los procesos de asignación de recursos públicos.
