By El Consejo General del INE autorizó un plan de auditorías y supervisión para revisar contrataciones, atender señalamientos de presunta corrupción y fortalecer la transparencia institucional.
Ciudad de México, a viernes 6 de noviembre de 2026.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un plan de acciones administrativas y fiscalización para atender los señalamientos de presunta corrupción relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei, mediante la revisión de contrataciones, el fortalecimiento de controles internos y la colaboración con autoridades fiscalizadoras.
La estrategia contempla solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un ejercicio emergente de fiscalización sobre las compras, arrendamientos y servicios contratados por el organismo entre 2016 y 2026.
Asimismo, se considera la contratación de una auditoría externa privada y la habilitación de un buzón electrónico para recibir denuncias anónimas.
Establecen mecanismos de revisión y transparencia institucional
Como parte del programa, se elaborará un inventario de contratos sujetos a revisión y se establecerán mecanismos para preservar la documentación correspondiente, con apoyo de la ASF.
Los procedimientos que pudieran incidir en el proceso electoral en curso tendrán prioridad. También serán examinados los mecanismos de acceso al padrón electoral y a la información reservada o confidencial bajo resguardo del Instituto.
Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey planteó modificar las prácticas de contratación para reducir la discrecionalidad, privilegiar los procedimientos de licitación, incluso internacionales, y reservar las adjudicaciones directas para casos excepcionales.
Además, propuso integrar una comisión de administración con participación de los consejeros electorales, quienes habían quedado excluidos de las decisiones de la Junta General Ejecutiva durante la administración anterior.
Consejeros y partidos solicitan investigar responsabilidades
El consejero Arturo Castillo señaló que el organismo enfrenta una situación inédita y declaró: “Sin duda alguna es la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución”.
Por su parte, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, manifestó que “la autonomía del Instituto no es sinónimo de opacidad”, y reiteró la disposición de colaborar con las autoridades responsables de investigar los hechos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.
Las representaciones partidistas también solicitaron esclarecer quién autorizó los pagos a un grupo reducido de proveedores presuntamente favorecidos. Ernesto Guerra, representante del partido PAZ, sostuvo que “La renuncia no significa que esto quede así”.
Finalmente, Cruz informó que revisará las demandas de mejores condiciones laborales de los operadores de los módulos de atención ciudadana, quienes advirtieron sobre la posibilidad de realizar un paro.
En tanto, fue cancelada la reunión prevista con funcionarios federales de seguridad e inteligencia financiera para abordar la verificación de integridad de las candidaturas de las próximas elecciones.
