El contratista José Alfredo Hernández promovió un recurso judicial para conocer si existen investigaciones u órdenes de captura en su contra.
Ciudad de México., a miércoles 4 de noviembre de 2026.- El empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del Instituto Nacional Electoral (INE) y vinculado a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, presentó el 9 de febrero de 2026 una demanda de amparo para solicitar protección ante posibles órdenes de aprehensión o comparecencia en su contra.
El recurso fue promovido mediante el bufete Hernández Barros, después de que el contratista reportara que presuntos agentes de la policía ministerial acudieron a su domicilio, ubicado en avenida de Las Fuentes, en Jardines del Pedregal, el 21 de enero.
José Alfredo Hernández pidió información sobre posibles investigaciones
En la demanda, el empresario señaló que los presuntos agentes preguntaron por él y afirmaron contar con una orden de aprehensión y otra de comparecencia. Según su versión, al no localizarlo, se retiraron sin dejar información sobre los mandamientos judiciales.
Hernández Casillas manifestó desconocer qué autoridad habría emitido dichas órdenes y solicitó a diversos jueces federales de la Ciudad de México y del Estado de México informar si existían carpetas de investigación, averiguaciones previas o expedientes en los que estuviera relacionado.
En el documento sostuvo: “el suscrito no ha cometido delito alguno”. Asimismo, expresó su disposición para colaborar con las autoridades ministeriales en caso de ser requerido.
El recurso contempla la suspensión de órdenes judiciales
La solicitud de amparo incluyó la petición de suspensión provisional y, en su caso, definitiva, contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia que pudiera haberse girado en su contra.
El empresario también afirmó que se había conducido “conforme a nuestro marco constitucional” y manifestó su voluntad de participar activamente en cualquier investigación ministerial en la que pudiera ser relacionado.
De acuerdo con la información publicada por Latinus, las empresas Corporativo Zeg y Cajas Graf, vinculadas a Hernández Casillas, han recibido contratos millonarios del INE y de organismos electorales locales.
En febrero, el contratista autorizó a cinco abogados para representarlo: Julio Antonio Hernández Barros, Julio Antonio Hernández Sicilia, Raúl Monzón González y Jesús Fernández Hernández.
La fuente no establece si las autoridades confirmaron la existencia de órdenes judiciales, ni informa sobre una resolución definitiva del juicio de amparo.

